El pasado 14 de enero de 2021 fue publicada la Sentencia por la cual un Juzgado de la capital tinerfeña anula una tarjeta BANKINTER y condena a la financiera a devolver los intereses cobrados indebidamente desde la fecha de la firma, en este caso, desde el año 2013.
La nulidad del contrato se produce al considerarse que los intereses impuestos (del 26%) son notablemente superiores al normalmente aplicado a la fecha de la firma del contrato, y manifiestamente desproporcionados.
La nulidad de este tipo de productos financieros tiene su amparo en una Ley de 1908, la cual castiga con nulidad a los contratos que sean declarados usurarios. Dicha Ley fue rescatada por el Tribunal Supremo en el año 2015 por una Sentencia en la cual se anula una tarjeta de crédito de la entidad WIZINK BANK, criterio que ha reiterad el pasado 3 de marzo de 2020 condenando de nuevo a la citada financiera.
El aluvión de demandas que ha provocado la última Sentencia del Alto Tribunal se debe a que en ella se otorga amparo a anular prácticamente la totalidad de tarjetas de crédito. En el caso de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, nuestra Audiencia Provincial ya ha perfilado y concretado la doctrina emanada del Supremo, señalado que todos los contratos cuyo interés supere en un 20% la media publicada por el Banco de España, serán considerados usurarios. En los últimos 10 años la media de los tipos de interés para este tipo de productos publicados por el Banco de España es en torno a los 20 puntos porcentuales, lo que supone que cualquier contrato con un tipo de interés superior al 24% puede ser declarado usurario.
Si hablamos de contratos anteriores al año 2010, el umbral es incluso inferior, habiéndose declarado la nulidad de contratos con tipos de interés del 20% dado que en esas fechas el tipo de interés medio era inferior.
Por lo tanto, no cabe duda que las financieras deberán seguir soportando la ingente cantidad de demandas y condenas, sin embargo quienes se vean afectados por este tipo de productos deberán contar con un asesoramiento de abogados especializados en materia de consumo, pues no debemos olvidar que se trata de un litigio contra gigantes financieros que intentarán defenderse contra viento y marea de las reclamaciones.
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